Economía
 

 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA - LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA - SECTOR PRIMARIO

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España ha experimentado un gran avance en el último cuarto del siglo XX, que ha logrado situar el país en el vigésimo primer puesto por desarrollo humano (IDH) y en el trigésimo octavo por cuantía del PIB. Su economía está fuertemente terciarizada y los sectores de mayor importancia son el turismo y la industria automovilística. Sin embargo, para entender su evolución económica es necesario hacer referencia a la adhesión a la, entonces, Comunidad Económica Europea (CEE), que supuso la integración de España en el ámbito común del continente.

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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA - España y el Proceso de Industrialización

Para analizar la evolución económica española a lo largo del siglo XIX, es indispensable reflejar la situación del país en el segundo decenio del siglo. Por una parte, acababa de librar una guerra de independencia contra la ocupación francesa, que terminó con gran parte del orden conocido hasta el momento. Por otra, tuvo que hacer frente a la pérdida de la mayoría de sus posesiones coloniales. En general, la situación era caótica y la respuesta institucional dependía de estructuras decadentes que procedían del antiguo régimen. A todo ello se sumaba el enfrentamiento entre los movimientos liberales y monárquico-absolutistas. En esta situación, el país se comportó como una economía periférica, incapaz de responder al empuje de las grandes potencias industriales europeas, inmersas en procesos de colonización e industrialización.

En los dos segundos tercios del XIX, el desarrollo industrial no fue significativo si se compara con el de otros países europeos, aunque se sentaron las bases para el avance posterior. En ese periodo se creó una estructura económica de carácter moderno a través de reformas institucionales de tinte liberal como las desamortizaciones, la unificación de la autoridad monetaria con la creación del Banco de España, la desaparición de los sistemas de privilegios, la abolición de la Mesta o la reforma tributaria.

En el tercer cuarto del siglo se produjo, según Nadal, una coyuntura favorable a la industrialización española gracias a la intensificación de los adelantos técnicos, al renovado interés en las producciones y extracciones españolas y a la mejora de las comunicaciones. Durante ese periodo se realizó una política librecambista, que continuó hasta los años ochenta. Sin embargo, la postura giró hacia el proteccionismo en los años noventa. Las razones del cambio en la política comercial se encontraron en la exposición de los productos españoles a la competencia internacional por el librecambismo y la mejora en las comunicaciones, que condujo a un aumento de las importaciones de productos agrícolas (que España ofrecía a mayores precios por la escasa productividad). El giro se apoyó desde el sector textil catalán y el siderúrgico vasco, que se veían capaces de aprovechar las oportunidades de la unificación del mercado español. Como resultado, subieron los aranceles a partir de 1891.

La situación de la población, durante el siglo XIX, presenta una lentitud en su crecimiento, en comparación con las tasas que ofrecen otros países, merced, en gran parte, a la diferencia en las tasas de mortalidad, que tuvo su razón de ser en la situación de atraso general del país. Por su parte, la formación educativa de la mayor parte de la población, necesaria para desarrollar trabajos de carácter cualificado, no tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo XIX. Este aspecto quedó reflejado en los presupuestos de la nación, que no contemplaron esos capítulos de manera significativa hasta finales del siglo.

Con respecto a la agricultura, en su evolución tuvo gran influencia el proceso de desamortización de tierras en manos institucionales (estado, iglesia y municipios). Los responsables del proceso fueron Mendizábal, que realizó las desamortizaciones de 1836 y 1841, y Madoz, a quien se debió la de 1855. Con la desamortización, la agricultura consiguió un aumento constante de la producción hasta el segundo tercio del siglo, aunque después se estancó al final de la centuria. La minería, por su parte, se concentró en las extracciones de hulla, mercurio y mineral de hierro y plomo, de las que España tenía grandes reservas. Sin embargo, hasta el último tercio del siglo, el sistema de concesión de licencias y los importantes privilegios que mantenía la corona, no permitieron un pleno desarrollo del sector, que sí se dio en el periodo posterior.

Por lo que se refiere a las producciones industriales, la algodonera fue una de las actividades más destacadas durante el siglo, aun cuando las fábricas concentradas en Cataluña no ofrecían ventajas importantes. El sector mantuvo un continuo crecimiento, sólo roto en 1855. La siderurgia pasó por un periodo de fuerte crecimiento en el que se implantaron altos hornos en Andalucía, Asturias, León y Vizcaya. Sin embargo, la falta de competitividad de los aceros españoles por razones de coste y de falta de recursos energéticos adecuados, condujo a que el sector se concentrara en Vizcaya en la segunda mitad del siglo.

Desde 1850, se hizo presente en España el capital extranjero que, además, apoyó su llegada con la importación de tecnología. Todo ello permitió la extensión del ferrocarril a lo largo de la península, la explotación del subsuelo y la creación de infraestructuras. Sin embargo, las contrapartidas, como la entrada al control de empresas estratégicas, fueron muy gravosas para la hacienda pública. Puede decirse que las inversiones de otros países permitieron la construcción de una red ferroviaria, que consiguió unificar el mercado español, antes fragmentado por el perfil orográfico y por una red viaria anticuada.

La situación presupuestaria del país, desde 1874 en adelante, proporcionó una mejora de las finanzas publicas, gracias al esfuerzo de saneamiento realizado por los diferentes gobiernos. De cualquier forma, los presupuestos tenían una escasa cuantía y no pudieron afrontar las necesidades de gasto en infraestructuras públicas, educación o protección social de un estado moderno. En cuanto a la fiscalidad, era baja en comparación con el contexto europeo y se aplicaba a una base social más reducida, lo que impidió su efectividad y la hizo profundamente distorsionante. Asimismo, los gastos estaban comprometidos en su mayoría por la importancia de la deuda pública, que tras la reforma de Bravo Murillo había aumentado de manera continua, con lo que se minó la situación financiera.

En cuanto al comercio exterior, sólo a partir de la década de los años sesenta del siglo XIX surgió un interés por recursos energéticos y productos españoles, que permitió compensar las importaciones. El aumento de las exportaciones se concentró en los viñedos (por el problema de la filoxera en Francia en el último tercio del siglo) y en los minerales. El primer capítulo consiguió mantener el tipo de cambio de la peseta bajo unos niveles adecuados, aunque con la recuperación gradual de la producción francesa perdió importancia. El segundo se caracterizó por la explotación minera por parte de empresas extranjeras (Río Tinto) y por la apertura a los precios y a la demanda internacional. Las importaciones crecieron a lo largo de este periodo en consonancia con las exportaciones. Aunque el socio comercial más importante, Francia, mantuvo su posición dominante, se abrieron tratos con la recién creada Alemania y con el Reino Unido. El producto comercial más importante fue el algodón, que se destacó como la mercancía más importada entre 1875 y 1913 en España. A la vez adquirieron presencia las importaciones de bienes de equipo, realizadas por las compañías extranjeras.

Durante el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial, los mercados internacionales se encontraron desabastecidos por las circunstancias bélicas. De esta situación se sirvió la economía española que aumentó su producción industrial, aunque con unos costes más elevados que los de los mercados internacionales. Esa fue la razón de la crisis del cierre de empresas españolas cuando terminó el conflicto y de la vuelta al proteccionismo en la dictadura del general Primo de Rivera.

La década de los años treinta, se inició con un cambio institucional que instauró la Segunda República y, que tras grandes esfuerzos, no consiguió dar solución a los problemas sociales del país que acabó inmerso en una guerra civil. El conflicto duró tres años y produjo una ruptura social y económica de la que España no conseguiría recuperarse hasta varias décadas después. Tras la guerra, el país se encontraba completamente descapitalizado y tanto las producciones agrarias como el tejido industrial estaban destruidos. En estas condiciones y en el marco político de una dictadura, el país se tuvo que enfrentar al aislacionismo de las demás naciones, fruto de las relaciones entre el régimen franquista y los países del Eje, derrotados tras la Segunda Guerra Mundial.

La principal consecuencia del aislacionismo internacional fue la autarquía económica, que duró hasta 1959. En esta situación, la política económica mantuvo una línea proteccionista con inspiración en el pensamiento italoalemán. Para reactivar la economía española se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), que se caracterizó durante esta primera época por un alto intervencionismo y por la sobreinversión, consecuencia de los altos costes de producción. De esta manera, las décadas de los años cuarenta y cincuenta se distinguieron por una lenta recuperación de los índices de producción, una elevada presencia de las empresas públicas en la economía y un fuerte intervencionismo estatal.

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Con el Plan de Estabilización de 1959, la economía española inició un proceso de apertura y de saneamiento interno. El Plan, coordinado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se concentró en la estabilidad de precios y en la depreciación del tipo de cambio de la moneda española, para conseguir su paridad a niveles reales y la apertura al capital extranjero.

El fin del aislacionismo en España inició el camino del desarrollo que fue guiado a través de una política económica elaborada por equipos de tecnócratas y de planes de desarrollo. Desde ese momento, la economía española se ha caracterizado por una mayor intensidad en los movimientos cíclicos económicos que los países de su entorno. Por tanto, la tendencia es de mayor crecimiento en los momentos de bonanza y de mayor recesión en los momentos de desaceleración de la economía.

En el periodo que medió entre 1960 y 1974 la economía española creció por encima de la media europea, aunque a partir de 1973 hubo una desaceleración que condujo a un crecimiento negativo en 1975. Desde ese año hasta 1984 se produjo una divergencia entre el crecimiento español y el europeo, debido a los ajustes e inestabilidades socioeconómicas, consecuencia de la transición socio-política española. Los otros factores que explican la evolución económica durante esta época fueron los pactos de la Moncloa, la reforma fiscal y la crisis energética que sufrieron todos las economías desarrolladas. En el campo estructural, por una parte se acometió la reconversión industrial y por otro se produjo una crisis bancaria, que llevó a la quiebra a 58 bancos, la gran mayoría de pequeña y mediana dimensión. Desde finales de los años setenta, se ejecutaron de políticas que tenían por objetivo adecuar la economía nacional a la de los países europeos, para preparar la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). De esta forma, se elaboraron políticas de reforma sectorial, de reducción de aranceles y de apertura del mercado español al capital extranjero.

El sector agrario, por su parte, ha perdido presencia en la economía española de manera continuada en las últimas décadas. Aunque el desarrollo del país aumentó la renta nacional, las necesidades agrarias no evolucionaron con la misma intensidad. Por tanto, aunque la producción en valores absolutos aumentó, su presencia en el PIB nacional no ha dejado de caer. La mecanización del campo, el aumento del capital invertido y el incremento de productividad generaron una reducción en la mano de obra empleada en el campo y una alta emigración interna a las ciudades. Asimismo, los precios relativos de venta de productos se han reducido con respecto a los precios de compra de insumos, lo que ha provocado una reducción de la renta y del beneficio agrario.

Al analizar la evolución del sector, hay que tener en cuenta la especialización que ha sufrido el campo español, como consecuencia de su integración en la Unión Europea. Así, se ha concentrado en el aceite de oliva, las frutas y las hortalizas. Las causas de este fenómeno se explican por el interés por el autoabastecimiento del área europea, que ha generado una fuerte regulación y un proteccionismo frente al exterior. Se puede observar, por tanto, que hay productos agrarios con alta especialización y saldo comercial positivo, mientras otros se encuentran, o bien limitados por el sistema de cuotas o son deficitarios con respecto a las necesidades, como es el caso de la cebada. La agricultura se distingue en España por unas altas tasas de envejecimiento, a lo que se suma la caída en el empleo (el sector sólo aportó un 5% del PIB en 2000). Por otro lado la propiedad de la tierra se ha concentrado, de tal forma que se ha reducido el número y la importancia de las pequeñas explotaciones. Al tiempo, ha aumentado de 39,8% a 53,8% la superficie agraria utilizable que se encontraba en manos de explotaciones superiores a las 100 hectáreas.

La producción de energía en España ha presentado posiciones tradicionalmente deficitarias. En primer lugar, la mala calidad del carbón español en la cuenca asturleonesa y en los Pirineos no ha podido proveer de energía suficiente a precios competitivos. A la vez, la falta de yacimientos de petróleo y gas de importancia en el país implicó que prácticamente se importase todo el consumo. En esta situación, se realizó un importante esfuerzo para aumentar la capacidad de generación de energía hidráulica, aunque su aporte no superó en el mejor momento el 8,3% de las necesidades primarias de consumo. Con el desarrollismo de la década de los años sesenta, España se hizo mucho más dependiente del petróleo, por lo que su capacidad energética se encontraba muy desequilibrada con respecto a las necesidades reales. En consecuencia, se amplió desde los setenta el uso del gas y se aumentó el número de plantas de energía nuclear. Ya en los años ochenta se llevó a cabo un Plan Energético Nacional, que tenía la función de resolver algunos de los desequilibrios del sector. De esta forma, se ha reducido el consumo de petróleo y aumentado los de energía nuclear y gas. Por último, conviene comentar la liberalización de los hidrocarburos que se produjo en la década de los años noventa y que abrió el país a la competencia internacional.

La evolución de la industria española, en la segunda mitad del siglo XX, partió de una situación de posguerra. El elevado número de empresas públicas y el fuerte control que ejercía el régimen político sobre las organizaciones no favoreció el desarrollo industrial. En 1941, el índice de producción industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que utilizaba como año base 1929, presentó un 101 y en 1945 un 114. La dirección de la industria española corría a cargo del Instituto Nacional de Industria (INI), creado en 1941. A este escenario, se sumaron los monopolios estatales como CASA, Iberia, Campsa, RENFE y la fuerte legislación industrial elaborada en esa época.

La situación se rompió con el final del aislacionismo y, en el terreno industrial, con el Primer Plan de Desarrollo que, desde una planificación económica de carácter indicativo, dio lugar al periodo del desarrollismo. Se aprovechó la diferencia que existía entre los salarios reales europeos y españoles, aunque las industrias que se implantaron masivamente no tuvieron un componente tecnológico elevado. Los resultados fueron menos brillantes en el desarrollo social que en el económico y tras el Segundo Plan de Desarrollo, que no tuvo los mismos resultados, el sistema de planificación desapareció en 1976. De cualquier forma, durante este periodo se produjo una reducción de las diferencias en valores industriales con respecto a Europa. Desde ese momento, el sector estancó su crecimiento y el acercamiento a la media europea se hizo con más lentitud. Además, la dimensión de las ramas de actividad, tuvo que modificarse para permitir el ingreso del país en el Mercado Común. Desde entonces, no se ha llevado a cabo por parte del Estado una política industrial propiamente dicha y a lo anterior se ha sumado la privatización de la mayoría de empresas en las que existía accionariado público. En esta época, aún con el incremento de cualificación de la mano de obra y de los salarios reales, no se ha percibido un incremento de las industrias con altas tasas de incorporación de tecnología, lo que ha afectado a la capacidad competitiva española.

Durante el despegue económico se sentaron las bases de otro de los sectores que más importancia tendría posteriormente en el PIB, la construcción. Desde la década de los años ochenta, la construcción se favoreció de la fuerte tasa de inversión pública en infraestructuras a través de los concursos públicos y del aumento de construcción de viviendas. La dimensión del negocio ha reunido por una parte a grandes empresas con altos costes fijos y economías de escala (como Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, ACS o Vallehermoso) y a un elevado número de pequeñas empresas y autónomos que son subcontratados. Los grandes grupos, que han elaborado estrategias de internacionalización y de diversificación de la actividad, han aumentado su tamaño y concentración tras un proceso de fusiones.

La importancia de los servicios en la actividad económica ha aumentado conforme el país ha conseguido alcanzar las metas desarrolladas en los planes de industrialización. Al tiempo, el incremento de la población urbana también favoreció el dinamismo del sector, que mostró una gran capacidad de absorción de empleo. En el último tercio del siglo XX, la economía española ha continuado la tendencia hacia la terciarización, hasta el punto de representar, según datos de 1999, el 61,5% del PIB.

Los elementos que caracterizan la evolución del mercado de trabajo español a lo largo de la última mitad del siglo se concentran en un bajo crecimiento de la población ocupada (aun con las altas tasas de crecimiento que tuvo el país en la década de los años sesenta del siglo XX); y en un significativo aumento de la población activa, que generaron un incremento del desempleo.

Durante la década de los años sesenta, la economía española creció con tasas no conocidas con anterioridad, pero el empleo no sufrió variaciones significativas a pesar de ello y de las migraciones internas que se produjeron. Por tanto, el desempleo, en esta situación de crecimiento demográfico y de aumento de la población activa, no aumentó debido a la intensa migración externa que se produjo de España a Europa durante este periodo. En la siguiente década, la crisis económica redujo el empleo, a lo que se unió la vuelta a España de la población emigrante y la incorporación de un número cada vez mayor de mujeres al mundo laboral. En consecuencia, aumentó el desempleo, aunque la cifra de este incremento quedó camuflada por la parte de población potencialmente activa que no buscaba trabajo activamente (dato que quedó reflejado en la tasa de actividad). Durante la década de los años ochenta y sobre todo durante su segunda mitad, la incorporación de la mujer al trabajo y el alto crecimiento demográfico (representado por el aumento de población potencialmente activa) fue absorbido por altas tasas de crecimiento del empleo. Entre 1986 y 1990, la población ocupada aumentó un 3,4% mientras que la población activa creció un 2%.

La intervención y presencia del sector público en la economía ha sido muy significativa en España. Su papel en el desarrollo económico se plasmó en el Plan de Estabilización de 1959, en la creación del Instituto Nacional de Industria o en la importancia del sector financiero controlado por el Estado. De esta forma, con el plan de desarrollo se proyectó una planificación indicativa, de fuerte intervención estatal. El modelo planificado de economía entró en crisis en 1973, a lo que se sumó el cambio político y social del país tras la muerte del general Franco. Desde ese momento se llevó a cabo un esfuerzo reformador y de reducción del sector público, que condujo a políticas económicas de carácter más liberal en la década de los años ochenta y a una reconversión del sector industrial. Con la entrada del país en el Mercado Común, aumentó el interés por reducir la cifra del gasto público con respecto al PIB total, el número de empresas estatales y el déficit público. Durante la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria se hizo también un esfuerzo en cuanto al saneamiento de las finanzas públicas y de reducción del déficit que continuó con la tendencia anterior.

El sistema financiero español ha seguido una evolución constante en el último medio siglo para dar solución a las necesidades del país, a la apertura de los mercados internacionales y a la armonización con la Unión Europea. En estos cambios se transformaron las funciones del Banco de España, se pusieron en funcionamiento nuevos mercados y se adaptaron las instituciones, para cubrir las necesidades de un país desarrollado.

Si se utiliza el dato de la renta nacional disponible como medida de las mejoras de la población española en su conjunto, los datos ofrecen una evolución positiva y una reducción en la brecha que existía entre la media europea y España, a lo que han contribuido los programas de convergencia aplicados desde la entrada del país en la Unión Europea. Sin embargo, en el ámbito regional, aunque la evolución ha sido convergente, existen desequilibrios que han aumentado. Para ello hay que tener en cuenta que las fuertes migraciones internas han producido un deterioro en la tendencia de los ingresos de las comunidades autónomas con mayor migración.

En el ámbito internacional, una vez superado el aislamiento y la época de la autarquía económica desde finales de la década de los años cincuenta, el mayor interés del país se volcó en la convergencia con Europa y en la aceptación del país dentro del Mercado Común. A una primera solicitud, realizada en 1962, que no se tuvo en consideración, le siguió otra en 1964 que ya analizó las relaciones comerciales entre España y el mercado europeo. En 1970 se firmó un acuerdo preferencial con la CEE que supuso una intensificación de las relaciones comerciales y culminó con la solicitud de ingreso de España en la Comunidad Europea en 1977. Desde esa fecha se continuó el proceso de reformas y el 12 de junio de 1985 se firmó el acta de adhesión al tratado.
 

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El Producto Interior Bruto español se caracteriza por una elevada presencia del sector servicios, lo que es habitual en las economías de países desarrollados. Según datos de 1999, el sector primario aporto un 4,4% del PIB, el energético un 3,7%, la construcción un 7,4%, la industria el 17,6% y los servicios un 61,5%.

Metodológicamente, las cifras son facilitadas en pesetas porque su valoración en euros conllevaría la actualización de todas las cifras desde el año en que se generaron hasta 1999 y la traslación de su valor de pesetas de 1999 a euros. Por otro lado, la contabilidad española se rige por el sistema de contabilidad nacional SEC-95. De esta forma, los datos se han estructurado en función del desglose de este sistema por ramas de actividad. Por último, los datos facilitados de 1999, no son los definitivos y pueden existir algunas desviaciones.

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El sector primario, según el sistema de contabilidad nacional, incluye las actividades agrarias, las de explotación ganadera y pesquera y el sector forestal. Para entender la evolución en los últimos diez años del sector, hay que tener en cuenta los efectos de la Política Agrícola Común. La reforma de la PAC se aprobó en 1992 y en 1999, con la intención de reducir los precios agrarios, los excedentes y el mantenimiento del empleo necesario para asegurar la producción. La reforma de 1999 ha continuado la línea de acercamiento a la realidad mundial y las posibles evoluciones futuras, al tener en cuenta la negociación de ingreso en la UE de países del este europeo.

La presencia de la agricultura y la pesca en el PIB español en 1999 supuso un 4,4% (3.668.600 millones de pesetas de 1995). Aunque la variación interanual en 1996 fue del 17,6%, en los dos siguientes años fue mucho menor que la del PIB español, con un 2,3% y un 1,5%. En 1999 presentó una reducción de actividad en el sector del 3,1%.

Según datos de 1997, las tierras dedicadas a cultivo suponían el 36,7% del territorio, con un 20,8% dedicado a cultivos herbáceos, un 9,4% a cultivos leñosos y un 6,5% no explotadas o en barbecho. Asimismo, el terreno forestal nacional ascendió al 32,2%.

La tierra total dedicada al cultivo, que se ha reducido de forma constante en la última década, suponía en 1998 18.514.500 ha. De ella, la superficie compuesta por tierras de regadío era de 3.3364.700 ha. (18,17%), mientras que las de secano sumaron 15.149.800 ha. (81,83%). La distribución fue: 10.270.400 ha. (55,47%) de cultivos herbáceos, 4.831.700 ha. de cultivo leñoso (26,1%) y 3.412.400 ha. (18,43%) de tierras no explotadas o en barbecho. Además, la tierra se distribuyó según sus usos entre terreno forestal (16.411.500 ha.), pastizales (5.627.900 ha.), prados naturales (1.480.900 ha.), otras superficies (8.448.900 ha.) y asociación de cultivos herbáceos o barbecho con monte abierto (227.400 ha.). De la superficie total destinada a cultivos, las comunidades autónomas que mayor extensión dedicaron a esta actividad fueron Andalucía (4.111.700 ha.), Castilla La Mancha (4.212.700 ha.), y Castilla-León (2.922.900 ha.). De los productos agrarios, según datos de 1998 y con precios corrientes, las principales producciones correspondieron a las hortalizas frescas (612.400.000 millones de pesetas), los cereales (405.800.000 millones), las frutas frescas (282.700.000 millones) y el aceite de oliva (277.200.000 millones).

La producción agraria de cereales en España, según datos de 1996, se concentró en la cebada, el trigo y el maíz. Del primer cereal se produjeron 106.970.000 Qm., 60.405.000 Qm. de trigo y 37.511.000 Qm. de maíz. Los rendimientos se situaron entre los 28 y 30 Qm. por hectárea, en el caso de secano, y entre los 43 y 44 Qm/ha. en el caso de regadío, aunque el maíz presentó una productividad de 97 Qm/ha. Otro tipo de producciones significativas en el territorio fueron las de tranquillón, escaña, arroz o avena. Por comunidades y con cifras de 1996, la cebada tiene más superficie dedicada en Castilla-León (1.439.597 ha.) y Castilla La Mancha (949.639 ha.), si bien la productividad fue mayor en el País Vasco (4.000 kg/ha.) y Navarra (4.021 kg/ha.) para secano y en Cataluña (5.297 kg/ha.) y La Rioja (5.100 kg/ha.) para el regadío. Las comunidades que más extensión dedicaron al trigo y mayor producción obtuvieron fueron Castilla-León (528.373 ha.) y Andalucía (545.332 ha.). Los rendimientos fueron mejores, sin embargo, en las comunidades vasca (4.204 kg/ha.) y riojana (4.178 kg/ha.), para secano, y en Cataluña (5.435 kg/ha.) y La Rioja (5.254 kg/ha.) en el caso de regadío. Al maíz se dedicó mayor extensión en Galicia (83.700 ha.), Castilla-León (82.806 ha.) y Aragón (82.443 ha.). En este capítulo, destacó el bajo rendimiento en Galicia (2.784 kg/ha. en secano y 4.430 kg/ha. en regadío) mientras la comunidad con mejor productividad por hectárea fue Cataluña, en secano, con 7.045 kg/ha. y 11.832 kg/ha. en regadío.

De los tubérculos y hortalizas, destacó la producción de patata (38.557.000 Qm.), tomate (33.264.000 Qm.), melón (9.679.000 Qm.) y cebolla (9.671.000 Qm.). A la patata se dedicaron más tierras en Galicia (55.882 ha.), Castilla-León (28.637 ha.) y Andalucía (26.243 ha.), aunque en Galicia el cultivo fue de secano en su mayoría (50.309 ha.). Los mejores rendimientos se dieron en La Rioja y Castilla-León. El tomate, por su parte, tuvo mayor dedicación y producción en Andalucía (14.308 ha.), Extremadura (14.063 ha.) y Murcia (4.323 ha.).

Entre los cultivos arbóreos y arbustivos, destacó la vid con 49.735.000 Qm. producidos y el olivo con 45.172.000 Qm. Sin embargo, en este apartado se recogen frutas con gran explotación y dedicadas a la exportación como la naranja (22.008.000 Qm.), el limón (7.132.000 Qm.), la mandarina (15.038.000 Qm.) o la manzana (8.994.000 Qm.). La vid, que es uno de los productos agrarios principales para el país, se cultivó más en Castilla La Mancha (582.591 ha.) y en la Comunidad Valenciana (94.546 ha.). También estas comunidades fueron los mayores productores con 1.998.690 y 566.564 tm., respectivamente. La diferencia se encuentra en el destino, ya que la uva valenciana se dedicó en un 36,84% al consumo fresco mientras que la uva manchega se destinó a producción vitivinícola en un 99,97%. La producción de vino es una actividad productiva importante y, aunque en lugares como La Rioja o Cataluña con 1.763.564 y 3.292.116 hectolitros, la producción no alcanzó los 12.457.089 hectolitros de Castilla-La Mancha, la calidad de los vinos gestionada a través de las denominaciones de origen ha contribuido a agregar valor al producto. El olivo, por su parte, es el otro capítulo en el que se ha producido tradicionalmente una especialización nacional. Geográficamente, el olivo es el cultivo prioritario en Andalucía (1.383.746 ha.) y Extremadura (251.450 ha.) aunque en Castilla La Mancha tuvo dedicadas 259.161 ha. La mayoría de la producción -3.778.918 tm. en Andalucía, 206.422 tm. en Castilla La Mancha y 220.183 tm. en Extremadura- se dedicó a la almazara (95,75%, 99,84% y 85,94%, respectivamente). Así se obtuvieron 954.148 tm. de aceite virgen de oliva en todo el país.

De los cultivos industriales, destacó por superficie dedicada la remolacha (157.097 ha.), el algodón (77.256 ha.) y el tabaco (18.000 ha.) con producciones de 82.358.000 Qm., 2.777.000 Qm. y 443.960 Qm., respectivamente. Además, es importante hacer mención a las producciones de soja y girasol.

Con respecto a los cultivos dedicados a forraje, los más importantes por producción fueron los de alfalfa (110.150.000 Qm.), de especial importancia en las dos Castillas y en Aragón; y los cereales de invierno (34.380.000 Qm.) con más presencia en Baleares y Andalucía.

A las leguminosas para grano, se dedicaron 35.000 ha. y se produjeron 293.000 Qm. Destacó la producción de berza (1.980.840 Qm.) y guisantes (841.100 Qm.), además de yeros y lentejas.

El segundo capítulo del sector primario es el compuesto por los terrenos forestales, que sumaron en 1997, el 32,2% de la superficie. Por especies, 5.503.746 ha. eran coníferas, 4.052.448 ha. frondosas y 4.348.463 ha. mixtas. Las principales extensiones forestales se localizaron en Andalucía (2.106.252 ha.) y Castilla-León (2.119.139 ha.). Al utilizar datos relativos de terrenos forestales entre la superficie total, destacan comunidades como Cantabria, el País Vasco, Navarra o Asturias.

Con respecto a la cabaña ganadera española, no se distinguió por su importancia, ya que el sector se mostró relativamente reducido en comparación a otros países europeos. Toda la explotación, concentrada en la mitad norte de país, está sujeta a un sistema de cuotas que mantiene la Unión Europea sobre el sector primario, que no ha favorecido particularmente las posiciones españolas. En este aspecto, la cuota láctea se fijó en 6.008.000 tm. de producción, por lo que hubo que redimensionar la industria. En 1996, se concentró la producción de leche de vaca en Galicia (1.798.573.000 litros), Castilla-León (1.061.186.000 l.) y Asturias (661.878.000 l.). En cuanto a las producciones de leche de oveja (303.354.000 l.) y cabra (358.044.000 l.) no consiguieron una importancia relativa reseñable. Asimismo, se produjo en el país lana (31.539,64 tm.), huevos (805.621.000 docenas) y miel (27.312.139 kg.). Por número de cabezas, el primer puesto lo ocupó el ganado ovino con 23.982.000 piezas y le siguió el porcino con 18.652.000, según cifras también de 1996. Por toneladas de carne, el porcino aportó 2.356.000 tm. y el bovino 568.000 tm. Las comunidades con mayor número de cabezas fueron las de Cataluña, Aragón y Castilla-León en el caso del porcino, mientras que en ganadería bovina destacaron Galicia, Castilla-León y Cataluña. Además, es importante hacer mención a las cabañas de ganado ovino y caprino que mantuvo el país.

De la pesca, hay que destacar las capturas por peso de cangrejos (2.801.424 kg.), trucha (2.029.824 kg.) y salmón (7.382 kg.); cifras a las que hay que sumar la producción en piscifactorías de trucha arco iris y cangrejo.

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El sector energético, según datos de 1999, aportó un 3,7% del PIB (3.157.500 millones de pesetas de 1995). La variación interanual ha sido menor que la del PIB en 1998 (2,9%) y 1999 (2,2%), si bien en el periodo inmediatamente anterior fue más dinámico. En 1999 su aportación se elevó a 3.157.500 millones de pesetas de 1995. Los principales capítulos del consumo de energía primaria, ese mismo año, fueron: el petróleo (54,5%), el carbón (18%), el gas natural (11,7%) y la energía nuclear (13,3%). La energía hidráulica apenas llegó al 2,1%.
La producción de petróleo en el país es prácticamente nula, por lo que es necesario importar el total del consumo. El consumo primario de petróleo, en 1999, fue de 63.041.000 tep., mientras que su autoabastecimiento solo alcanzó el 0,5%. Este déficit energético ha tenido una destacada repercusión sobre la importación de petróleo, que en 1998 fue de 58.892.000 tep.

El carbón que se produce en España dispone de un sistema de subvenciones y es absorbido por el mercado interno obligatoriamente. La producción superó el 26% del total de energía y el déficit se cubrió con importaciones. Ante esta situación, se ha redimensionado el sector, que tiende a reducir la población ocupada. En consecuencia, de los 27.879 empleos directos de 1995, se pasó a 20.667 en 1999 y la expectativa es que continúe la reducción de empleos.

Con respecto al gas natural, el aumento de su consumo -13.535.000 tep. en 1999- y el incremento relativo de su presencia en el empleo global de energía, no ha llevado aparejado un aumento en la producción interna. En 1999, la importancia del gas natural para el consumo primario fue del 11,7%, pero el autoabastecimiento fue solo del 0,9%. La producción de gas cayó de 537.000 tep. (1995) a 123.000 tep. (1999). En cuanto a la distribución, aunque el sector se ha liberalizado por disposiciones legales y de infraestructuras, la compañía Gas Natural continua liderando el mercado.

La energía nuclear, que se produjo en nueve centrales en todo el país, supuso 15.337.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep.) en el año 1999. A lo largo de la última década del siglo XX, las cifras se han mantenido en torno a las 14.500.000 tep., si bien entre 1997 y 1999 se produjo un aumento de la energía primaria producida del 6,3%.

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El sector industrial presentó un mayor dinamismo en la segunda mitad de los años noventa con variaciones interanuales importantes en 1998 y 1999 -5,5% y 5,3% respectivamente-. Sin embargo, en 1999, su variación bajó 2,1 puntos porcentuales, por lo que aportó 14.805.900 millones de pesetas de 1995. El Sistema Europeo de Cuentas, por otra parte, diferencia catorce ramas de actividad, que son: alimentación bebidas y tabaco; textil y confección; cuero y calzado; madera y corcho; papel, artes gráficas y edición; química; manufacturas de caucho y plástico; productos minerales no metálicos; producción y fundición de metales; productos metálicos; maquinaría, equipo, óptica y similares; material eléctrico y electrónico; material de transporte; y otras industrias.

La producción española en alimentación, bebida y tabaco es elevada y existen fuertes intereses de capitales multinacionales en el sector olivarero o en lácteos, entre otros. La producción ha crecido 24,56 puntos porcentuales desde 1995 por lo que en 1999 se situó en 8.140.725 millones de pesetas. Por industrias, cabe destacar los alimentos elaborados para animales, los vinos, la cerveza y el tabaco. Por comunidades, la mayor producción se registró en Andalucía (1.154.636 millones de pesetas) y Cataluña (1.764.731 millones). En contraste, Baleares solo produjo 59.701 millones de pesetas en esta rama.

La industria textil, aun con la apertura del mercado del resto del mundo, ha podido mantener una posición firme. De esta forma, aumentó la producción de 585.482 millones de pesetas desde 1995, con lo que el sector se situó en 2.010.603 millones de producción en 1999. La importante manufactura de algodón se concentra en el norte del Levante español. Como resultado, en un análisis regional, destacan las comunidades catalana y valenciana con 961.222 millones y 388.900 millones producidos respectivamente. En el otro extremo se situaron Canarias, Baleares y Extremadura.

Con respecto al calzado y el cuero, su elevada producción y fuerte exportación la convirtieron en una industria de relevante consideración en la economía española. Aunque las producciones en otros países y la elevación de los costes no favorecen las exportaciones españolas, la elaboración de mercancías se incrementó entre 1995 y 1998 en un 29,33%. Sin embargo, en 1999 la producción retrocedió en 7,91 puntos con lo que se situó en 588.818 millones de pesetas. En este campo, la región preponderante es la del Levante -un 74,2% del total de la producción- con 311.752 millones producidos en la Comunidad Valenciana, 64.409 en Cataluña y 39.478 en Murcia. Por la importancia relativa del sector en la zona, cabe señalar a La Rioja, que en 1999 produjo 34.840 millones.

La industria relacionada con la madera y el corcho ha intensificado su actividad en la última década y esta expansión ha sido aún mayor en 1998 y 1999. De esta forma, entre 1995 y 1997 la elaboración aumentó 108.770 millones y en los dos años siguientes 192.884 millones, con lo que sumó, en 1999, 754.559 millones.

El desarrollo de la actividad del papel, las artes gráficas y la edición conoció un aumento de producción del 23,68%, a lo que ha contribuido la mejora de la industria de producción de papel (concentrada en el Levante y en el País Vasco) y el incremento del volumen de publicación. En cuanto a la edición, con importantes ventas en Iberoamérica, ha seguido una concentración de los grupos editoriales y una clara entrada de capital extranjero. Las comunidades donde se concentra esta industria son la catalana (831.755 millones), la madrileña (641.898 millones), la valenciana (227.670 millones) y la vasca (171.079 millones).

Dentro de la rama química, se incluye un heterogéneo grupo de industrias. Por su importancia, destacan la farmacéutica, la de refino de petróleo y obtención de productos derivados en las plantas de Gibraltar, La Rábida, Tarragona y Castellón, entre otras localidades. Debido a la diversidad y al amplio número de industrias, las cifras del sector son elevadas en comparación con otros ramos de actividad. Así, el número de personas empleadas en 1999, fue de 132.989 y se produjeron 5.199.042 millones de pesetas. La industria química, se concentra en Cataluña (1.988.004 millones), Andalucía (735.836 millones), Comunidad Valenciana (428.730 millones) y País Vasco (417.602 millones).

Con respecto a las manufacturas de caucho y plástico, cabe distinguir de las demás, por su cifra de negocio, la industria de neumáticos que en España tiene una fuerte implantación. En 1999, las manufacturas se elevaron a 1.702.796 millones (38,62% más que en 1995). Su producción se concentró en Cataluña (32,5%), País Vasco (15,5%), Comunidad Valenciana (10,8%) y Castilla La Mancha (10,7%).

De la producción de minerales no metálicos, sobresalió la actividad de obtención de sal común (tanto la sal gema como la sal marina). También fue reseñable la producción de potasas (destinadas a los fertilizantes), calizas, dolomías, granito y mármol. En 1999 su manufactura llegó a 2.521.065 millones de pesetas -un 43,52% más que en 1995-, en parte debido al fuerte aumento de la construcción. Las áreas donde se realizó una mayor producción fueron la Comunidad Valenciana (28,3%), Cataluña (14,6%) y Andalucía (10,1%).

Entre las actividades siderúrgicas, la producción, primera transformación y fundición de metales incluyen la elaboración de hierro y acero en diferentes formas que después son transformados para su uso. La fabricación de los mismos presentó un incremento lento entre 1995 y 1999, que la situó en 2.344.682 millones ese último año. Las zonas que mayor aporte realizaron fueron las tradicionalmente siderúrgicas como el País Vasco (27,9%), Asturias (17,2%) y Andalucía (13,3%) y, en esta última, principalmente Cádiz.

En la rama de actividad de los productos metálicos, que utiliza los metales transformados o fundidos, se encuentran los elementos de construcción, depósitos y estructuras. Su fabricación, que se intensificó en 1998 y 1999, aumentó 1.063.027 millones desde 1995, por lo que se situó en 2.654.567 millones. Cataluña y el País Vasco produjeron más del 24% cada uno del total nacional, aunque cabe también reseñar a Madrid (8,6%) y a la Comunidad Valenciana (9%).

La maquinaria y los equipos (como ascensores, válvulas o motores industriales, entre otros) también se han beneficiado del aumento del sector de la construcción en los últimos años del siglo XX. Los productos terminados se incrementaron en 444.402 millones en 1998 con respecto al año anterior y en 355.283 millones en 1999, con lo que la cifra total en ese año fue de 3.359260 millones. Los centros industriales que absorbieron mayor actividad fueron el País Vasco (22%), Cataluña (29,7%) y Madrid (13,8%).

En los materiales eléctrico y electrónico, se comprenden gran parte de los elementos relacionados con transporte y utilización de la energía eléctrica, así como circuitos impresos y componentes de telefonía. Su elaboración pasó de 1.408.801 millones en 1995 a 2.082.393 millones en 1999, si bien cabe reseñar que el mayor incremento de producción se realizó en 1998. Al ser industrias con un componente tecnológico significativo, destacaron las regiones más dinámicas como Cataluña (34,6%) o Madrid (19,4%).

La rama de los materiales de transporte es por su aportación al PIB español y por su alto nivel de exportaciones, el capítulo más relevante de la industria española. Esto se debe al peso del sector automovilístico en la economía, con presencia de Volkswagen (en cuyo grupo se encuentra Seat), PSA (Peugeot-Citroën), Renault, Ford o Suzuki. El contraste con la producción de vehículos se encuentra en la construcción naval, víctima de una reconversión que no ha conseguido mejorar la competitividad de las empresas españolas frente a las asiáticas. A la producción de vehículos de cuatro ruedas, hay que sumar la industria de componentes, la fabricación de motocicletas y la de vehículos industriales. La cifra total, se elevó entre 1995 y 1999 en 3.881.575 millones de pesetas, para alcanzar los 6.999.654 millones. Las principales plantas de fabricación se situaron en Cataluña (23,6%), Castilla-León (15,1%), Galicia y Madrid (ambas con un 10,9%).

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a construcción, en tanto representa un sector que depende de la inversión directa empresarial y familiar, reaccionó más tarde a la activación económica que se inició a mediados de la década de los noventa, por lo que sus variaciones han ido en aumento desde el 2,8% en 1996 al 8,7% en 1999 (6.265.700 millones de pesetas de 1995).

Comenzó a mostrar un mayor dinamismo en la construcción de viviendas en 1998, con un fuerte aumento de las viviendas libres iniciadas (351.377 ante las 258.337 del año anterior). La tendencia continuó en 1999 en el que se iniciaron 453.114. Las cifra total de viviendas iniciadas en 1999 fue de 510.637, aunque este dato no refleja con claridad el estancamiento y retroceso que se ha producido en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), que sumaron en 1999, 57.523 (un 15,1% menos que en 1995). La construcción anual fue mayor en las provincias de Málaga (54.660), Barcelona (47.131), Madrid (39.604) y Alicante (35.803). En el otro extremo se encontró Teruel, que en 1999 inició solo 952 viviendas.

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Este sector supuso en el PIB español de 1998 51.731.200 millones de pesetas. De ellos, se dedicaron a servicios de mercado 40.453.200 millones y 11.278.000 millones a servicios no destinados a mercado (como sanidad o educación). El sector se compone, según el Sistema de Contabilidad Nacional, de comercio; turismo; transporte; servicio postal y telegráfico; sociedad de la información; servicios prestados a empresas, personales y a la comunidad. Esta actividad, que en gran parte depende del consumo y del turismo, empezó su activación en 1997 con tasas de crecimiento de 3,3% ese año y de 3,2% y 3,5% en los siguientes periodos.

La actividad comercial, que compone la primera rama de actividad, incluye por una parte la comercialización de maquinaria y equipos y por otra la de productos de consumo perecederos o no. El comercio tuvo una producción final en 1998 de 8.652.820 millones de pesetas y un valor añadido bruto a precios de mercado de 5.157.916 millones. En el sector de distribución de alimentos y frescos no perecederos, la mayoría de la cuota de mercado está controlada por las grandes superficies (Carrefour, Eroski, Hipercor o Alcampo), mientras el sector del pequeño y mediano comercio se mantiene en retroceso frente a los grandes almacenes con los que no puede competir en costes. Asimismo, las grandes cadenas disponen de formas de financiación más flexibles que los comercios tradicionales, cuyo margen de explotación es mucho menor. El valor de la producción en 1998 en alimentos, bebida, tabaco y bienes de consumo no alimenticios sumó 4.151.872 millones. Por otra parte, la comercialización de maquinaria y equipos, llegó a 1.496.560 millones, con un valor añadido bruto a precios de mercado de 945.815 millones. La otra clase de comercio destacable fue el realizado con productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho, que produjo en 1998 2.44.021 millones de pesetas.

La rama de actividad del sector servicios que mayor importancia tiene en el PIB español es el turismo, dentro de la cual se encuentran los hoteles, la restauración y las agencias de viaje. Para adquirir una perspectiva de la trascendencia del sector para la economía nacional, es importante reseñar que España es el segundo país por recepción de turismo del mundo, con 74.400.000 visitantes en el año 2000. Esta cifra supuso un aumento del 3,3% con respecto al año anterior, si bien los mayores incrementos de visitantes se dieron en 1998 (9,1%) y 1999 (6,8%). En cuanto a los ingresos de divisas por turismo, fueron de 4.779.100 millones de pesetas en 2000. Con respecto a los hoteles y alojamientos de corta duración, el valor de lo producido, en 1999, fue de 1.604.930 millones de pesetas y el valor añadido bruto a precios de mercado de 910.483 millones. El número de plazas disponibles en hoteles en España, según datos de 1999, fue de 1.282.013. A esa cifra, además, se unieron las 719.626 plazas disponibles en campamentos turísticos. Estas plazas facilitaron 149.035.995 pernoctas de extranjeros y 81.503.634 de españoles, lo que supuso una variación interanual del 21,68% y del 4,58%, respectivamente. Por países, los principales lugares de procedencia de los extranjeros que visitan España son Alemania (24,7%), Reino Unido (20,8%) y Francia (9,3%). De las plazas en hoteles, destacaron las ofrecidas en los tramos medio y medio-alto (hoteles de tres y cuatro estrellas de oro), con un 58,96% del total. Las áreas con mayor infraestructura hotelera se sitúan en Baleares (23,19% de las plazas), Canarias (11,07%) y Cataluña (17,02%). Sin embargo, a estas comunidades autónomas hay que añadir por su importancia relativa las ciudades de Madrid, Sevilla, Barcelona, Granada y Málaga. Por su parte, la restauración es un sector cuya evolución se explica a través del turismo y del consumo realizado por las personas del país. Este capítulo tuvo una producción final, en 1999, de 3.294.096 millones de pesetas, por lo que generó un valor añadido bruto de 1.309.931 millones. Por estas dos variables, aportación al valor añadido bruto y producción, el segmento más destacado fue el de los restaurantes (49,48%), seguido de los establecimientos de bebida (42,42%) y, de manera residual, los comedores colectivos y la provisión de comidas (8,1%). Con respecto a las agencias de viajes y guías turísticos, tuvieron una producción equivalente a 456.119 millones en 1999 y un valor añadido bruto a precios base de 154.332 millones de pesetas.

La rama del transporte (que comprende los traslados urbanos, por carretera, ferroviarios, aéreos, marítimos y por tubería) ha sufrido una gran transformación en los últimos 20 años. Sin embargo, las inversiones aún son menores de lo necesario y el cómputo global de infraestructuras se encuentra alejado de la media europea, lo que compromete el crecimiento del PIB en el medio plazo. El transporte por carretera, en 1999, se realizó a través de 163.769 kilómetros, de los cuales 8.067 correspondieron a autovías (de libre acceso) y autopistas (de peaje). Con esa infraestructura, circularon 22.411.100 vehículos automóviles (un 5% más que el año anterior). El tráfico de viajeros produjo 304.837 millones de pesetas y creó una valor añadido bruto a precios de mercado de 186.191 millones. El transporte interior de mercancías tuvo un total de carga de 690.206.000 toneladas. Por comunidades, cabe mencionar por el volumen cargado a Cataluña (17,69%), Andalucía (14%) y Valencia (12,78%). La red de ferrocarriles se encuentra en la mayoría de trayectos controlada por RENFE (89%), y el resto queda en manos de Feve. La longitud total de las líneas (14.128 km.) se redujo un 1,16% con respecto a 1997. Esta cifra corresponde a una racionalización de las inversiones ejecutada por RENFE y que cuenta, entre otros ejemplos, con los 6.078 millones de beneficio obtenido por la unidad de negocio de alta velocidad. Todo ello permitió el transporte de 18.875.000 millones de viajeros-km (un 5,5% más que el año anterior) y de 11.801.000 toneladas-km (2,7% más que el año anterior). En total, la producción supuso en 1998, 223.411 millones de pesetas y un valor añadido bruto a precios de mercado de 79.041millones. Los trayectos del espacio aéreo interior, que se liberalizó en la década de los noventa, son cubiertos por varias compañías, lo que ha reducido los precios de los trayectos y aumentado el número de empresas del sector. La rama de actividad produjo, en 1998, 859.764 millones de pesetas, lo que representó un valor añadido bruto de 305.468 millones. Aunque el sector estaba compuesto por 19 líneas aéreas, la más importante por cifra de negocio es Iberia. En datos acumulados, el movimiento en los aeropuertos españoles fue de 126.694.000 pasajeros (88.905.000 de los cuales fueron regulares) y de 583.486 toneladas de mercancías. El transporte por tubería estaba compuesto, en 1999, por 3.698 km. de oleoductos y 8.274 km. de gasoductos. Por medio de estas infraestructuras se transportaron 22.345.000 toneladas de refinados, 7.557.000 tm. de crudo y 14.237.000 tm. de gas. Asimismo, el transporte urbano de viajeros por autobús produjo 110.965 millones; y el transporte marítimo 50.906 millones.

Por su parte, el servicio postal y telegráfico ha iniciado un proceso de liberalización que culminará en el 2003. Ante el nuevo escenario, nació Vía Postal cuyo objeto es competir en el sector de correo ordinario. Sin embargo, la implantación de dicha empresa es mínima aún, por lo que el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos (OACT) es la empresa que cubre la práctica totalidad del mercado nacional. En estas condiciones, se recibieron en España 5.020.539 miles de productos anuales y se distribuyeron 5.549.972.

El sector de la telefonía y las telecomunicaciones es el que se ha mostrado más dinámico y el que mayores inversiones ha recibido en la segunda mitad de los años noventa. Por una parte, los servicios de telefonía por cable fueron liberalizados en diciembre de 1998. De esta forma, a la compañía privatizada Telefónica, se le unieron otras como Retevisión, Jazztel, Uni2 o Aló. Asimismo, la telefonía por satélite se ha liberalizado a través de licencias, por medio de las que operan tres compañías: Movistar (del grupo Telefónica), Vodafone (antes Airtel) y Amena (del grupo Retevisión). A este mercado se unen también los proveedores de servicios de Internet, las plataformas de televisión por satélite y las compañías proveedoras de servicios de cable de fibra óptica. En total, las telecomunicaciones tuvieron una producción de 2.347.294 millones de pesetas con un valor añadido bruto a precios de mercado de 1.745.340 millones. El otro renglón que forma la sociedad de la información está compuesto por las empresas de servicios informáticos que produjo, en 1998, 974.883 millones con un valor añadido bruto a precios de mercado de 524.340 millones.

En el capítulo de los servicios prestados a empresas, se encuentran un grupo diverso de actividades que se caracterizan por ser subcontratadas por unas empresas a otras, especializadas en estas actividades. La primera de ellas, está formada por la Investigación y Desarrollo (I+D), cuyos resultados fueron de 130.689 millones en 1998 (muy inferior a la media de la Unión Europea) y 83.026 millones de valor añadido bruto a precios de mercado. La publicidad, por su parte, generó 549.976 millones de pesetas (332.735 millones de valor añadido bruto a precios de mercado) y los estudios de mercado y las encuestas que produjeron 107.523 millones (67.492 millones de valor añadido). Los servicios de selección y colocación de personal, que se han beneficiado del fin del monopolio del Instituto Nacional de Empleo (INEM), generaron, en 1998, 349.678 millones, de los cuales 309.599 correspondieron al valor añadido bruto a precios de mercado. La última actividad la constituyeron los servicios industriales, que produjeron 502.074 millones con un valor añadido de 435.038 millones.

La última rama de actividad está representada por los servicios personales y prestados a la comunidad que produjeron, en 1998, 261.916 millones con un valor añadido bruto a precios de mercado de 179.876 millones de pesetas.

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A lo largo de la década de los años noventa, se produjo una importante transformación en el escenario del empleo en España, que se apoyó en dos reformas del mercado de trabajo emprendidas en 1994 y 1997. A principios de la década, la tasa de desempleo en España era del 16,3% frente al 9,5% de media en Europa. Aun con un fuerte crecimiento del empleo, España no conseguía reducir el fuerte diferencial que tenía con las cifras medias de desempleo en la UE, por la diferencia en las tasas de actividad. A partir de esa situación, se presentó una fuerte crisis con especial incidencia en la destrucción de empleo. La población activa desempleada creció hasta el 24,2% y la realidad económica dinamitó el marco del mercado de trabajo español, situación que derivó en las reformas de 1994 y de 1997. Las razones de la diferencia de tasas de desempleo entre España y Europa han sido objeto de estudios desde diferentes posiciones. Las causas que sirvieron de base para las reformas plantearon la inadecuada formación de la mano de obra con respecto a la cualificación requerida en los empleos, la falta de movilidad geográfica y sectorial, la ineficacia de las políticas de empleo y los altos costes de despido. En consecuencia, en el primer semestre de 1994 se realizó una reforma con la intención de flexibilizar el mercado laboral, fruto de la cual nacieron los contratos en prácticas y de aprendizaje. A ello se unieron las agencias privadas de colocación (1996) y las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), en 1994. Pero la falta de resultados positivos de esta iniciativa, propició en 1997 una nueva reforma de los tipos de contratación.

En este contexto, el ciclo económico favorable que se ha producido en la segunda mitad de la década de los años noventa ha reducido el desempleo de manera muy intensa e incluso se ha reducido el diferencial en la tasa de paro con Europa. Sin embargo, y aunque la tasa natural de paro español ha bajado, la cifra es aún elevada con respecto a la media europea. Todo ello, sin olvidar datos como una tasa de incorporación al trabajo de las mujeres españolas menor que en Europa y una edad mayor que la europea a la hora de incorporarse la población al mercado laboral. Las razones de esta situación se encuentran en los altos salarios con respecto a la productividad, en la rigidez del mercado, en los altos costes de despido y en la falta de movilidad, entre otras causas.

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La población activa española se cifró, en 2000, en 16.844.100 personas, lo que supuso un incremento de 7,79 puntos porcentuales con respecto a 1995. De esa cifra, se encontraban ocupadas 14.473.700 personas y el desempleo afectaba a 2.370.400 individuos. Hay que resaltar la fuerte reducción en el desempleo (33%) entre 1995 y 2000. La tasa de paro se situó en 2000 en un 14,7%, frente al 22,93% que había en 1995. A este dato se unió la positiva evolución de la tasa de actividad, es decir, del número de personas mayores de 16 años y menores de 65 que entraron a formar parte de la población activa. En 1995, la tasa se encontraba en el 49,01% y en el 2000 en el 51,31%.

Por su parte, el salario mínimo interprofesional quedó fijado en 2001 en 70.680 pesetas (424,8 euros). Por tanto, ha variado por encima del 2% anual desde 1995, excepto en 1999, cuando su variación anual fue del 1,8%. Asimismo, las diferencias que existían entre los sueldos mínimos que cobraban los menores de 18 años y los mayores de esta edad quedaron eliminadas por el Real Decreto 2015/1997.

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Pese a la incorporación de la mujer al trabajo, la tasa de paro de este segmento de la población, según cifras de 2000, se sitúa en el 20,51% (9,61 puntos porcentuales por encima de la media europea). Con la coyuntura positiva que se ha dado en la segunda mitad de la década de los años noventa, la población femenina en situación de desempleo se ha reducido un 24,04% entre 1995 y 2000. La cifra es aún más importante si se tiene en cuenta que, en el mismo periodo, la tasa de actividad entre las mujeres aumentó 2,78 puntos porcentuales. En cualquier caso, en el comportamiento de la tasa de paro femenina persistió una diferencia de 10,77 puntos con respecto a la ofrecida por los varones.

La distribución por edad ha reflejado la situación de desventaja a la que se enfrenta la población menor de 19 años y entre 19 y 24 años, con tasas de paro del 34,31% y 23,81%, respectivamente, en 2000. La cifra se redujo a un 12,37% en el tramo 24 a 55 años y a un 9,11% en el caso de mayores de 54 años. Sin embargo, con respecto al grupo situado entre los 16 y los 24 años, es importante resaltar las bajas tasas de actividad -25,93% y 60,81% respectivamente-, como consecuencia de la dedicación a la formación educativa. En definitiva, aun con la mejora de la situación, existe una gran barrera en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que no ha sido solventada con las reformas del mercado.

Por comunidades, las que mayor población activa tienen son Andalucía (2.871.900 personas), Cataluña (2.716.000) y Madrid (2.305.100). En el ángulo opuesto se sitúan las comunidades de Cantabria (205.000 personas) y La Rioja (106.500). Las tasas de actividad reflejan menor facilidad para incorporarse al mundo laboral en Castilla-León (47,54%) y Cantabria (45,86%). En contraste, las tasas de actividad más altas se dieron en Baleares (54,02%) y Madrid (53,05%). La geografía del paro se concentra en Andalucía, Extremadura, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Asturias. En el caso andaluz, la tasa de desempleo se sitúa en el 24,48% (con 30% en Cádiz y 26,61% en Sevilla). Aun cuando el número de ocupados fue de 2.168.800 personas, la reconversión industrial y los problemas de sector agrario han profundizado en la crisis laboral de la comunidad. Un escenario similar y la distancia de los centros mercantiles ha repetido la situación en Extremadura (23,62%) y en Ceuta y en Melilla (24,12%). En el caso asturiano (17,01%), a la reconversión industrial se suma la de las cuencas mineras, que implica una redistribución de la población y el fomento de nuevas actividades económicas.

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El sector primario ha seguido la tendencia de reducción de empleo que, según cifras de 2000, lo sitúan en el 7,1% de la población activa frente al 10,7% con que se inició la década de los años noventa. Este dato representó en 2000 1.196.900 empleos, entre cuyas ramas de actividad se distinguió la agricultura y ganadería, con 737.400 empleos. Por otro lado, las actividades extractivas, tanto de minerales energéticos como no energéticos, representó el 0,4% de la población activa, con 63.900 personas.

La industria ha mantenido las cifras con mayor estabilidad, pero la tendencia también se ha dirigido a la reducción de la población empleada en el sector. Ante el 22% de la población activa empleado en 1991, en 2000 sus activos se elevaron al 17,4%. De los 2.927.900 activos, las ramas de actividad con mayor empleo fueron: la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, con 433.200 personas (2,6%); la metalurgia y fabricación de productos metálicos, con 415.200 personas (2,5%); y la industria textil y de la confección, con 284.200.

Por su parte, el sector energético aportó un 0,6% de la población activa, con 97.500 personas. La construcción ha absorbido cada vez más empleo durante el mismo periodo, dato que se apoya en la importancia de este sector dentro del PIB y en el ciclo económico favorable. Desde 1991 ha aumentado en 0,8 puntos porcentuales hasta representar el 10,5% de la población activa (1.776.800 personas)

El sector que mayor empleo absorbió, según datos de 2000, fue el de los servicios, con un 58.5%. La tendencia ha presentado un ligero crecimiento porcentual de 0.5 puntos desde 1991, aunque hay que tener en cuenta el aumento total de empleos y el crecimiento de la tasa de actividad. De las 9.853.798 personas de población activa, la rama de hostelería aportó 1.045.700 personas (6,2%); el transporte, almacenamiento y comunicaciones 911.900 (5,4%); la intermediación financiera 401.700 (2,4%); las actividades inmobiliarias, de alquiler y los servicios empresariales 1.125.700 (6,7%); la administración pública, seguridad social y defensa 1.012.500 (6%); la educación 853.900 (5,1%); actividades sociales y servicios a la comunidad 624.500 (3,7%); y el empleo doméstico 445.700 personas (2,6%).

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SECTOR PÚBLICO

La estructura del sector público en el caso español se encuentra dividida en un estrato supranacional (la Unión Europea) y uno nacional. El sector público nacional se compone a su vez de administraciones públicas y de empresas públicas (financieras y no financieras). La administración pública incluye administraciones territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales), Administración de Seguridad Social y Administración Central. Esta última comprende al Estado y a los Organismos Autónomos.

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Con las reformas fiscales que se llevaron a cabo tras la transición política española, no sólo se consiguió un sistema impositivo coherente y con amplia base (lo que aumentó la recaudación y su importancia como forma de financiación del sector público); sino que además se armonizó con los sistemas impositivos de los demás países miembros de la Unión Europea.
Si se toman datos del presupuesto del año 2000 y se atiende a lo recaudado, la mayor partida de los ingresos públicos del Estado estuvo compuesta por los recursos no financieros (19.560.537 millones de pesetas), mientras que las operaciones financieras aportaron el 27,43% de los ingresos (7.394.740 millones de euros). En total, lo recaudado a 31 de diciembre de 2000 fue de 26.955.277, mientras que lo presupuestado fue de 18.856.122 y los derechos reconocidos (cobrados o no) 27.696.460 millones.

De todos los ingresos percibidos en el año 2000 por impuestos directos y cotizaciones sociales (8.433.475 millones de pesetas), se distinguió por su importancia el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) que supuso un 62,33% (5.256.921 millones), seguido del Impuesto de Sociedades con un 33,57% (2.831.240 millones), el Impuesto de la Renta de No Residentes con 2,16% (182.635 millones), y el de Patrimonio con 1,27% (107.607 millones). Los ingresos por estos conceptos se beneficiaron de la evolución positiva del empleo, que tiene una correlación directa con la contribución de las cotizaciones sociales.

De la recaudación tributaria por imposición indirecta (8.480.876 millones de pesetas), la mayor cuantía fue aportada por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre importaciones y operaciones interiores, con 5.511.045 millones de pesetas (64,98%). La otra gran fuente de ingresos indirectos fue la de los impuestos especiales, que generó 2.668.679 millones (31,46%).

Los ingresos no financieros se completaron con los capítulos de ingresos patrimoniales (1.021.123 millones); transferencias corrientes (992.792 millones); transferencias de capital (326.508 millones); tasas, precios públicos y otros ingresos (293.840 millones); y enajenación de inversiones reales (11.923 millones).

El otro gran grupo de ingresos está compuesto por las operaciones financieras, que sumaron 7.394.740 millones, de los cuales 7.261.790 procedieron de pasivos financieros y 132.950 de activos financieros.

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El presupuesto de gastos español, en cuanto a lo realizado en 2000, ascendió a 25.028.939 millones. Asimismo, los pagos ordenados representaron 25.029.962 millones y las obligaciones reconocidas 26.468.956 millones. Las principales partidas fueron las de transferencias corrientes (45,92% del total), las operaciones financieras (23,09%) y los gastos financieros (11,69%).

Del total de gastos realizados, correspondieron a operaciones no financieras 18.870.113 millones. Las operaciones corrientes, que incluyen cargas salariales, gastos en bienes y servicios, trasferencias y gastos financieros, ascendieron a 17.579.645 millones. La partida más importante de este capítulo estuvo formada por las transferencias corrientes, que sumaron 11.493.088 millones (66% del gasto corriente) e incluyen transferencias monetarias a los entes territoriales y corporaciones locales o a Seguridad Social, entre otros. Las demás partidas, por orden de importancia, fueron las de gastos financieros con 2.926.189 millones (16,8%), los costes salariales que ascendieron 2.698.090 millones (15,49% del gasto corriente) y los gastos corrientes en bienes y servicios con 296.511 millones (1,7%).

Por su parte, las partidas de capital sumaron 1.456.235 millones, de los cuales, el 43,51% se destinó a inversiones reales y el 56,49% a transferencias, principalmente a Comunidades Autónomas y en forma de subvenciones a empresas. Las operaciones financieras alcanzaron los 6.158.826 millones de los que el 93,84% se aplicó a operaciones de activo y el resto a operaciones de pasivo.

De todos lo gastos realizados por el Estado, si se analiza la clasificación por secciones, las carga más representativa medida por pagos ordenados, en el año 2000, fue la de la deuda pública, con 8.703.515 millones de pesetas (34,77%). El segundo capítulo por importancia lo representaron los pagos realizados a las clases pasivas, que se encuentra en constante incremento por el aumento del número de pensionistas. También resultaron relevantes los gastos aplicados a sanidad y consumo, que supusieron el 17,07% del gasto total (4.273.292 millones) y el realizado por los entes territoriales, que llegaron al 18,71% (4.682.458 millones). Del resto de partidas, por su relevancia para el país, cabe reseñar el gasto en defensa con 839.359 (3,57%), en relaciones con la U.E. con 938.838 millones (3,93%) y educación, cultura y deporte con 893.359 (3,57%), frente a los 148.046 millones (0,59%) de gasto en justicia.

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El déficit español se ha reducido a lo largo de la década de los años noventa y aún más en la segunda fase de UEM (1994-1998). Esta situación deficitaria debe corregirse ya que existe la voluntad en la Unión de que todos los países alcancen el equilibrio presupuestario. De cualquier forma, en los países que pertenecen a la eurozona, el déficit no puede ser superior al 3%, lo que encamina sus políticas hacia el equilibrio. Sin embargo, la deuda pública que ya existe sí supone una carga preocupante para el país. La condición de convergencia en la segunda fase estableció la deuda pública viva a un máximo del 60% del PIB, medida que en el caso español se encuentra en el límite. Estas cargas supusieron, según datos del año 2000, 8.703.515 millones de pesetas.

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La economía española se caracteriza por tener un gran número de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según cifras del año 2000, el número de empresas con menos de 50 trabajadores fue de 2.573.583 (99,1% del total de empresas). Un sector tan atomizado implica unas desventajas de competencia en cuanto a costes, productividad, economías de alcance o capacidad de exportación. Las empresas con mayor dimensión, que suelen tener una estructura de capital con gran intervención de capital extranjero, han sufrido un periodo de concentración del capital en los años noventa. Las empresas de 50 empleados o más sumaron 21.809 y las mayores de 5.000 empleados 71. Entre las mismas, se generaliza la forma de Sociedad Anónima y un gran número de ellas ha salido a bolsa, alentadas por los buenos resultados de los mercados hasta el 2000. Por número de empresas, las comunidades más dinámicas fueron Cataluña (492.546), Madrid (365.083) y Andalucía (376.646). Las empresas de mayor dimensión se concentraron en Madrid y Cataluña.

Las familias

La renta nacional disponible neta por habitante ha tenido una evolución favorable en los años noventa, de manera que ha aumentado en 430.800 pesetas desde 1995, lo que la situó, en 1999, en 2.049.800 pesetas. Sin embargo, la distribución de los ingresos por decilas ha reflejado un mayor aumento de la renta en los casos de los grupos de individuos con una mayor renta, un ligero aumento en las decilas intermedias y un receso en los ingresos de la población con menores ingresos.

Ahorro familiar

España ha sido tradicionalmente un país en el que el ahorro de las familias ha sido reducido con respecto a los países de su entorno, lo que afectaba a la capacidad de financiación de la nación, que no podía compensar el déficit con el ahorro público. En suma, esta situación conducía al endeudamiento con el resto del mundo. Sin embargo, es importante recalcar que este defecto se corresponde con el alto índice de compra de viviendas entre los ciudadanos, lo que se verifica en el hecho de que el 80% de los españoles habite viviendas en propiedad. Desde 1996, se ha producido un aumento del ahorro privado, que en 1999 se cifró en el 6,2% del PIB (21.429.079 millones de pesetas); una mejora que, si bien ha sido mayor que el crecimiento del ahorro público (5%), se ha mostrado coyuntural y dependiente del buen ciclo económico, de la favorable reforma fiscal y de la mejora en la calidad del empleo.

Por otro lado, la distribución del ahorro privado ha sufrido una variación, consecuencia de los malos resultados que han arrojado los fondos de inversión, de la reducción porcentual de los depósitos y del incremento de las acciones. En consecuencia, las aportaciones de los diferentes activos en 1999 son de: 13,1% en activos líquidos, 35,3% en otros depósitos, 28,5% en acciones y 10,9% en seguros y fondos de pensiones.

Consumo familiar

Por lo que se refiere al consumo final realizado por los hogares españoles, ascendió en 1999 a 496.195.000 millones de pesetas. Esta cifra representó una recuperación del consumo privado con respecto a los años anteriores, que coincidió con la recuperación económica que llegó al consumo a partir de 1997, con tasas de incremento del 3,1% ese año y del 4,5% y el 4,7% los dos años siguientes.

Por lo que respecta a los capítulos que presentaron una mayor cuantía, se destacaron los de alimentos y bebidas no alcohólicas (8.642.700 millones de pesetas constantes de 1995); vivienda, energía y agua (7.437.900 millones), con especial presencia de los alquileres; el transporte (7.324.900 millones); y los gastos en hoteles, cafés y restaurantes (9.718.600 millones).

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El sistema financiero español cubre las necesidades del país y se muestra parejo con el de los países de su entorno. A través de él, se canalizan los fondos de las unidades económicas con superávit a las unidades económicas con déficit.
 

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Los Ministerios de Economía y Hacienda ordenan y controlan el sistema financiero español y cinco órganos dependientes de estas carteras tienen la responsabilidad ejecutiva. De la Dirección General de Comercio e Inversiones depende el control de cambios, función que comparte con el Banco de España. Por medio de este mecanismo se regulan la entrada y salida de divisas en el país, las cuentas abiertas en el país en moneda extranjera y las transacciones u operaciones en las que intervengan divisas, entre otras.

El Banco de España es la institución con más responsabilidades sobre el sistema financiero nacional. Sus competencias cubren el control de cambios, el control sobre las entidades financieras de crédito, las entidades de crédito y sobre los mercados de deuda pública anotada, de divisas y el mercado interbancario. En el ámbito monetario, participa en las decisiones en el eurosistema, además de llevar a cabo las funciones monetarias que no absorbe el eurosistema.

La segunda institución por importancia en el sistema financiero español es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De ella depende la supervisión y el control de los intermediarios de los mercados de valores, además del buen funcionamiento y la protección de los agentes que intervienen en los mercados de valores y en el mercado de deuda pública anotada.

Por otro lado, la Dirección General de Seguros lleva a cabo las funciones de inspección, control, sanción y elaboración de normas con respecto a las entidades aseguradoras y las gestoras de fondos de pensiones. La última entidad rectora del sistema es la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que se encarga de la supervisión y control de las sociedades y fondos de capital riesgo.

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Dentro de las instituciones financieras, por su importancia y tamaño, las entidades de crédito ocupan el lugar más destacado. De entre ellas, los bancos componen el sector más importante por tamaño y por volumen de operaciones. Tras completar la privatización de la banca pública con la venta de Argentaria, el sector bancario español se compone de Banca Extranjera y de Banca Española. Tras las operaciones de fusión y de privatización del sector, que tuvieron el objetivo de formar grandes grupos capaces de competir en un mercado financiero global, el segmento tiene dos grupos bancarios que sobresalen por su volumen de activos: el Santander Central Hispano (Santander [grupo financiero]) y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Estas entidades, con fuerte implantación en el territorio, se lanzaron en los años noventa a una estrategia de internacionalización que les condujo a adquirir un gran número de entidades financieras en toda Iberoamérica, cuyos resultados han sido muy variables para las matrices. A estas dos entidades les siguen por volumen de activos el Banco Popular, Bankinter y el Banco de Sabadell.

Al tiempo, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y las Cajas de Ahorro forman el segundo sector por importancia entre las entidades de crédito. Su oferta de servicios y ámbito de operación se ha homogeneizado con el de la banca, si bien las cajas no tienen autorización para operar en el extranjero. Por su volumen de captación de depósitos, según datos de 1999, aún eran el sector con mayor captación (38.253.638 millones de pesetas frente a los 30.678.916 millones de la banca privada). Por el volumen de activos, destacó la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y la Caja de Ahorros de Cataluña.

Además, existe un grupo de entidades cuya denominación era -entidades de crédito de ámbito operativo limitado (ECAOL)- y que actualmente son conocidas como entidades financieras de crédito. Están compuestas por la entidades de financiación, entidades de factoring, sociedades de arrendamiento financiero y sociedades de crédito hipotecario. Asimismo, dentro de las entidades de crédito se encuadra el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tiene como función, tras varias reformas, la actuación como agencia financiera del Gobierno. La última institución de las entidades de crédito está compuesta por las sociedades de garantía recíproca y de segundo aval, cuya función es solventar los problemas de financiación de las PYMES.

Entre los agentes vinculados a los mercados de valores que dependen de la CNMV se encuentran la sociedades y agencias de valores, las instituciones de inversión colectiva y las sociedades gestoras de fondos de titulación, ya sean en títulos de inversión mobiliaria o inmobiliaria.

El marco correspondiente a los intermediarios se completa con las entidades dedicadas a negociar los fondos de pensiones y los seguros: las entidades aseguradoras y las entidades gestoras de fondos de pensiones.
 

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Los mercados financieros españoles han tenido un gran desarrollo desde la mitad de los años ochenta, lo que ha aumentado su importancia, el número de activos financieros negociados o la capitalización bursátil. Dependen, bien del Banco de España, bien de la CNMV. El primer caso es el de los mercados interbancarios y de divisas que, tras la introducción de la moneda única, ha sufrido una profunda transformación por la reducción del número de divisas negociables y la caída de los diferenciales entre los tipos de interés de los países integrados en la Unión Económica y Monetaria.

En el caso del mercado de deuda pública anotada, la supervisión es compartida por el Banco de España y la CNMV. Las emisiones han sido objeto de modificaciones en cuanto al tratamiento fiscal y se ha mejorado su colocación, aunque en los últimos años se ha reducido el número de emisiones por la menor necesidad de financiación del sector público. Con respecto a los mercados de negociación de títulos, de futuros y opciones y AIAF, su funcionamiento depende de la CNMV. A la bolsa de valores corresponde la negociación de acciones y títulos y aquellos valores representados por títulos que la CNMV considere que deben ser negociados en este mercado. En España, existen mercados bursátiles en cuatro ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Además, en aquellos lugares en los que no existe Bolsa, se actúa por medio de los bolsines. La negociación de títulos de renta fija privada ha aumentado en la década de los años noventa, lo que refleja una mejora en las fuentes de financiación. En cuanto a la renta variable, también se ha incrementado el volumen de negociación, en parte debido a la política de privatizaciones.

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La evolución de los ingresos ha sido positiva y se ha apoyado en el ciclo económico favorable. Si se utiliza como medida de los ingresos la renta nacional disponible neta a precios de mercado por habitante ha pasado de 1.619.000 pesetas a 2.049.800 pesetas constantes de 1995. Si se atiende a la distribución que la renta tuvo por familias, según datos de 1996, el 9,9% de los hogares españoles se mantuvo con ingresos iguales o menores a las 66.000 pesetas mensuales. Las familias con ingresos entre 66.000 y 132.000 pesetas fueron el 26,1% del total de unidades familiares. Con ese nivel de renta, se mantuvo el 44% de las parejas con hijos y el 36,4% de los hogares monoparentales. En los siguientes tramos de renta, hasta las 396.000 pesetas, se situaron el 42,9% de las familias españolas y por encima de esos ingresos, se encontraba el 10% de los hogares.

La segunda fase de la convergencia de la Unión Económica y Monetaria impuso, dentro del paquete de medidas previsto, que la inflación interanual no debía superar el 3%. En consecuencia, reducir los aumentos del Índice General de Precios (IPC) fue uno de los compromisos prioritarios del Gobierno. Como resultado, se mantuvo un IPC en los años 1994 y 1995 del 4,7%. En los siguientes años, la tendencia fue de disminución, con lo que se llegó a un 1,8% en 1998. Sin embargo, a partir de ese momento, se ha producido un repunte inflacionario que se mantuvo dentro de los objetivos de convergencia en 1999 (2,3%). En cifras del año 2000, la evolución ha sido adversa para el crecimiento del país y alcanzó el 3,4%. Según estos datos, la equivalencia de 100 pesetas del año 92 en cifras de 2000 es de 131 pesetas.

Si bien la evolución de la inflación ha sido muy positiva en la segunda mitad de la década de los años noventa, existe un componente en la estructura de precios y salarios de la economía española que produce una cierta diferencia negativa entre sus datos y los de la media europea. Por sectores, los precios han aumentado con mayor intensidad en transportes y comunicaciones (5,9%) y en vivienda (4,4%), si bien la sanidad (2,7%) también ha tenido un comportamiento desfavorable que se ha contenido en el 2000. Por otro lado, los sectores con mayor contención en precios han sido ocio, enseñanza y cultura (2,2%); vestido y calzado (2,1%), que no había presentado cifras tan positivas los años anteriores; y alimentos, bebidas y tabaco (2,2%). Si la distribución de los precios se analiza desde un punto de vista territorial, han sido mayores en las comunidades autónomas de La Rioja (4%), Baleares (3,6%), Cataluña (3,8%) y Murcia (3,9%). En contraste, las comunidades que menos inflación han presentado en la segunda mitad de la década de los años noventa han sido las de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura con tasas en el año 2000 de 3,1%, 3,1% y 2,5%, respectivamente.

Con respecto a los tipos de interés, cuya evolución guarda correlación con la evolución de precios y con el coste de la deuda pública, han tenido una progresión negativa desde 1995. Al tomar el Mibor (tipo de referencia del mercado interbancario en la bolsa de Madrid) como representativo de los demás, se observa una reducción muy acusada de las tasas entre 1995 y 1997, que bajaron 4,8 puntos porcentuales y se situaron en el 5,2%. Desde entonces, la tendencia se mantuvo, aunque los márgenes de reducción son mucho menores por la baja tasa. Al final de 1999, era del 3,16%. Desde enero de 1999, lo adecuado es utilizar como medida el euribor (tipo de referencia en el mercado interbancario de la zona euro), que también ha mostrado una constante reducción desde 1996 que lo situó en 1999 en el 3,83%.

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La balanza de pagos española ha constatado la cada vez mayor integración de la economía del país en los mercados internacionales y una combinación entre las posiciones deudoras y acreedoras con respecto al resto del mundo. La situación se repitió en 1997 y 1998, años en los que pasó de una posición deudora con el resto de los países en 458.643 millones a una posición acreedora en 17.404 millones. En 1999, la posición se mantuvo como acreedora con 1.837.849 millones.

El primer gran bloque de la balanza de pagos está compuesto por la balanza por cuenta corriente, que registra los movimientos de bienes, rentas de trabajo e inversión, servicios y transferencias corrientes entre el país y el resto del mundo. El renglón de las mercancías se caracteriza por ser tradicionalmente deficitario, carácter que no se rompió en 1999 cuando el país arrojó un saldo deficitario en 2.003.703 millones de pesetas. Por capítulos, tuvieron mayor incidencia sobre la balanza las importaciones de animales vivos y productos del reino animal, que en 1998 sumaron 20.441.536,7 millones de pesetas; los productos minerales, con 1.562.144,6 millones (de los que destacó la importación de combustible); los productos de la industria química y derivados, con 1.954.584,7 millones en 1998; la maquinaria y los materiales eléctricos, con 4.785.728,8 millones; y las importaciones de materiales de transporte, con 3.519.517,6 millones de pesetas. Por lo que se refiere a las exportaciones durante 1998, fueron mayores en los bienes relacionados con animales y productos del reino animal (16.6113.552 millones); industria química y derivados (1.074.729 millones); metales comunes y sus manufacturas (1.201.998,6 millones); máquinas y materiales eléctricos (2.799.306,5 millones); y material de transporte (4.315.845,3 millones), con especial peso de los vehículos automóviles. La prestación de servicios, por su parte, arrojó un saldo positivo de 3.592.390,21 millones gracias a la tradicional balanza positiva del turismo que, en 1999, alcanzó los 4.209.615 millones de pesetas.

En cuanto al saldo que correspondió a las rentas, cabe destacar la poca relevancia de los movimientos de rentas procedentes del trabajo y el resultado negativo que tuvo el capítulo procedente de rentas de inversión (consecuencia de la retribución al capital extranjero), que llegó a los 1.491.817 millones de pesetas. Por último, el saldo de las operaciones por transferencias ha reflejado unos ingresos mayores que los pagos en 478.859 millones, consecuencia de los fondos recibidos desde la Unión Europea. El valor agregado de los elementos anteriores supuso un saldo negativo de la balanza por cuenta corriente de 2.003.620 millones de pesetas.

Con respecto a la cuenta de capital, que incluye las operaciones relacionadas con activos inmateriales, con activos no financieros no producidos y parte de los fondos recibidos desde la Unión Europea, fue favorable a España en 1.102.806 millones de pesetas.

Por lo que se refiere a la cuenta financiera, cuyo valor debe compensar técnicamente el saldo de las dos cuentas anteriores, alcanzó un saldo positivo de 900.980 millones de pesetas. Su evolución ha mostrado un proceso de armonización de la posición de España y del resto del mundo; además de un aumento de la presencia de las inversiones en cartera de carácter temporal. Por capítulos, la variación neta de activos de las inversiones españolas en el exterior (positiva en 12.836.347 millones de pesetas) fue superada por la variación neta de pasivos de las inversiones exteriores en España (8.682.687 millones) y por otras inversiones (6.441.966 millones).

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El principal tratado suscrito por España es el de la Unión Europea (que se firmó en 1986), por el que el país se integró en el acuerdo de implementación de la Unión Económica y Monetaria (UEM). En lo que se refiere a la producción de mercancías, existe un sistema de cuotas de producción que se aplica al sector primario. En cuanto la circulación de las mismas, existe libertad de movimiento en el mercado único y, desde 1993, las barreras arancelarias desaparecieron por completo. Con respecto a la libertad de movimiento de capitales, se completó para España en 1992 y la prestación de servicios, tras el periodo de adaptación, es libre en los países de la Unión. Las implicaciones del acuerdo en política económica incluyen, en el caso español, que la política monetaria sea dirigida por el Banco Central Europeo y que tanto la fiscal como la política de rentas se encuentren armonizadas. Para las negociaciones con terceros países, la Unión participa activamente en los foros internacionales (como el GATT, G-7, G-11 u OMC) para defender los intereses europeos. Sin embargo, la instrumentación de su participación es aún complicada, debido a la falta de personalidad jurídica de la Unión Europea. De cualquier forma, la Unión también tiene suscritos acuerdos preferenciales y de nación más favorecida con un gran número de países. Con respecto a los demás acuerdos, España ha suscrito tratados con el EFTA y acuerdos bilaterales con países mediterráneos y latinoamericanos.

  • Autor y Fuente: Javier Lucena Giraldo - Enciclopedia Universal ©Micronet S.A. 1995-2006

  • Fuente de la foto: recursos.cnice.mec.es

He recopilado estas fotos y estos artículos de Internet desde hace tiempo. Cuando engendré esta página, ya no me acordaba de qué sitios me los había recopilado y al publicarlos creía que los autores me iban a encontrar y pedirme que les hiciera referencia, o que retirara las imágenes y los artículos, por esto pongo el siguiente anuncio: Si eres autor de alguna de estas imágenes o artículos te pido que me disculpes si la fuente no aparece debidamente citada aquí, es que tras haber hecho tantas recopilaciones, puede que me haya olvidado de alguna fuente. De ser así os pido que me aviséis de la autoría de los mismos para ponerla en el menor plazo posible.                    esf@espanolsinfronteras.com

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